LA INMUNIDAD: NECESARIA PROTECCIÓN PARA ALTAS AUTORIDADES

Desesperado ante el fracaso total de la epidemia del coronavirus, producto de su incompetencia y negligencia, - el presidente Martín Vizcarra ha sacado nuevamente el tema de las “reformas constitucionales”, entre ellas la inmunidad parlamentaria, con el fin de lograr réditos políticos.

No contento con el desastre socioeconómico que estamos sufriendo, Vizcarra ha salido con su monserga de la necesidad de eliminar la inmunidad parlamentaria (porque en su opinión es sinónimo de impunidad); sin embargo, ha saltado hasta el techo y se ha puesto muy nervioso cuando el nuevo Congreso, que él promovió, no se ha dejado amedrentar y le ha respondido, de igual a igual, aprobando en primera votación no sólo la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino la eliminación de la inmunidad presidencial y de otros altos funcionarios como el Defensor del Pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional


Y es que Vizcarra, a partir del descontento popular que hay con el Congreso, quiere ganar a río revuelto, evidentemente, para salir bien librado después del 28 de julio del 2021, de investigaciones políticas y judiciales por los casos: Chinchero, nepotismo, compra de pruebas rápidas, medicamentos y equipos hospitalarios, adquiridos sin licitación durante la emergencia nacional.


Lamentablemente, Vizcarra y su entorno caviar- no se dan cuenta que así como los ciudadanos tenemos garantías constitucionales para protegernos del abuso del Estado o de particulares, las instituciones gozan de garantías institucionales, (inmunidad) contra los excesos que se puedan cometer contra ellas en el ejercicio de sus funciones. Al eliminarse la inmunidad, las autoridades van a quedar desprotegidas y expuestas de cualquier denuncia.


Pero, como el gobierno y los caviares están convencidos de que la inmunidad es dañina, sinónimo de corrupción, lo lógico, lo coherente, es que debe eliminarse no sólo la inmunidad parlamentaria, sino también la inmunidad presidencial, así como de los altos funcionarios como el Defensor del Pueblo y miembros del Tribunal Constitucional, para mantener el equilibrio de poderes. Cualquier posición particular es sólo una bravata.

Juan Miguel Soto Villoslada


( Sociòlogo-Periodista)

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