TUBULENCIA POLÌTICA Y JUDICIAL DE CARA A LAS ELECCIONES GENERALES DEL 2021

Nuestro país está viviendo una tragedia debido a la pandemia del nuevo Covid-19, y como si eso no fuera poco, el gobierno de Martín Vizcarra que ya ingresó a su último año, viene mintiendo grosera y escandalosamente con cifras falsas sobre el número de contagiados y fallecidos por coronavirus, difundidas a diario por la mayoría de medios de comunicación ( El Comercio, Canal N, RPP, La República, Perú 21) incentivados con la millonaria publicidad estatal y algunas dádivas a periodistas mermeleros.

En pared, el Ministerio Público emprende represalias contra todos los que critican o son oposición al gobierno. Por ejemplo, luego que la Comisión de fiscalización del Congreso citara al cuñado de Vizcarra para que aclare sobre sus millonarios contratos con el Estado, la fiscal de la Nación remite una acusación constitucional contra el titular de esa comisión, el congresista Edgar Alarcòn.

Y es que Vizcarra tiene 26 denuncias fiscales que se mantienen sin ser investigadas sobre su desempeño como gobernador de la región Moquegua, y por los negocios que realizó su empresa CyM Vizcarra, a los que se suman denuncias –ya como Presidente- sobre las contrataciones de sus cuñados y concuñada, de los parientes de su secretaria Miriam Morales y del privilegiado Richard Swing. De allí que esté obstinado en que se elimine la inmunidad parlamentaria, porque no quiere que le investiguen políticamente, y tiene miedo a que le levanten la inmunidad presidencial.

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia no se queda atrás, en la misma línea del gobierno, y en base a notas periodísticas, ya suspendió en sus funciones por seis meses a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Pedro Chàvarry por una “presunta” participación en “Los Cuellos Blancos”, pero, curiosamente, la JNJ no hace mismo con el vocal supremo César San Martín –quien en un audio difundido de “Los cuellos Blancos” se le escucha pedir al “hermanito” Walter Rios -entonces presidente de la Corte superior de justicia del Callao- , que le ayude en un caso de interdicción de una de sus hermanas.


A este ambiente enrarecido, de turbulencia política y judicial, se suma el pedido del fiscal Domingo Pérez Gómez para suspender por dos años a Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori, en un acto evidentemente político que enturbiaría el proceso electoral ya convocado y en marcha.

Y la cereza del pastel lo pone el nuevo Congreso. La poca preparación y el desconocimiento de la mayoría de sus integrantes les está llevando a aprobar proyectos de ley mamarrachentos, como el que “cualquiera puede postular como candidato a presidente de la República o al Congreso, independientemente a si es parte o no de un partido político”, lo que en buena cuenta significa formalizar a los “vientres de alquiler” y darles nuevamente la oportunidad a los invitados de último minuto, lo cual no fortalece a los partidos ni la institucionalidad democrática.


Juan Miguel Soto Villoslada

Sociólogo - Periodista





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